Portada del artículo La construcción jurídica del peligro de fuga y la prisión preventiva

La construcción jurídica del peligro de fuga frente a la indeterminación normativa de la prisión preventiva

Por Matías Ezequiel Roh. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.


I. Introducción

El peligro de fuga integra, junto con el entorpecimiento de la investigación, el par de riesgos procesales que el ordenamiento admite como sostén legítimo del encarcelamiento cautelar.1 Su lugar dogmático luce firme, aunque el contenido del concepto dista de estarlo, toda vez que el legislador describió la fuga y su peligro con una parquedad llamativa, y esa economía normativa contrasta con la gravedad de aquello que habilita, que es la privación de libertad de una persona amparada por la presunción de inocencia. Tal como Bruzzone lo advirtió, se trata de “un problema central al que el legislador le ha prestado poca atención”,2 satisfecho con parámetros objetivos anudados a la escala penal que muchas veces reemplazan el examen del caso por una regla casi automática.

El objeto de este trabajo consiste en determinar qué debe entenderse jurídicamente por fuga y por peligro de fuga, y en exponer los problemas que provoca la ausencia de una definición legal suficientemente precisa. La cuestión no es de matiz técnico. De la respuesta dependen el alcance del derecho a transitar el proceso en libertad, la vigencia efectiva de la presunción de inocencia como regla de trato y la posibilidad real de controlar la fundamentación de las decisiones que ordenan encierro anticipado.

La hipótesis que orienta el desarrollo sostiene que la falta de una delimitación clara permite que el peligro de fuga opere en la práctica como un concepto excesivamente flexible, empleado mediante fórmulas genéricas o como un argumento adaptable a circunstancias muy diversas, por lo que esa indeterminación amplía el margen de decisión judicial, dificulta el control de la motivación y termina debilitando la exigencia de acreditar un riesgo procesal concreto. Para ponerla a prueba conviene comenzar por el significado ordinario de la palabra, contrastarlo con el uso que reciben la fuga y su peligro en la ley, la doctrina y la jurisprudencia, y avanzar desde allí hacia una reconstrucción que resulte controlable.

II. El punto de partida semántico. La fuga en el uso ordinario de la lengua

El Diccionario de la lengua española define “fuga” como “acción de fugarse”,3 y remite entonces al verbo; “fugar”, en su acepción pronominal, significa “escaparse, huir”,4 y “huir” es “alejarse deprisa, por miedo o por otro motivo, de personas, animales o cosas, para evitar un daño, disgusto o molestia”, con un segundo sentido que agrega la idea de “salir con fuerza o habilidad de un lugar donde se está encerrado”.5

La definición académica, tomada como punto de partida y no como fuente jurídica vinculante, ya delata algo relevante, y es que el concepto ordinario descansa en una circularidad estrecha, de modo que el contenido semántico verdaderamente informativo proviene del núcleo de “huir”.

En ese núcleo aparece, primero, un desplazamiento físico, un alejamiento respecto del lugar en que la persona podía ser hallada; segundo, una nota de premura o intensidad, ya que quien huye se aleja deprisa o sale con esfuerzo de un encierro; y tercero, un componente subjetivo, porque se huye por miedo o por otro motivo y para evitar algo. El lenguaje común describe una conducta activa y orientada a un fin, la sustracción a una situación de la que se pretende escapar, y deja fuera de su alcance el simple estar ausente, pues quien viaja, cambia de domicilio o deja de responder una comunicación no realiza, por eso solo, ninguna de esas acciones.

De allí surge un primer criterio de contraste con el uso jurídico, y es que si la fuga, en el habla corriente, presupone alejamiento, ocultamiento o sustracción deliberada, cabe preguntar con qué autoridad puede afirmarse que se ha fugado, o que presenta peligro de fugarse, quien continúa viviendo en su domicilio conocido, concurre a su trabajo, mantiene vínculos familiares y sociales visibles y desarrolla una vida pública, y apenas ha dejado de comparecer ante una citación. El significado ordinario no ampara esa extensión, en cuanto a que la palabra exige conducta, y la conducta exige algo más que la mera ausencia a un acto.

III. Del significado común a la construcción jurídica de la fuga y del peligro de fuga

El derecho no está obligado a seguir el diccionario, aunque tampoco puede desentenderse de él sin razones, aún más cuando una expresión del lenguaje natural es incorporada a una norma que restringe libertad, el mandato de certeza recomienda respetar su núcleo de sentido y explicitar las divergencias. Bruzzone construyó su análisis de las medidas de coerción precisamente sobre esa base, al proponer la fórmula de la nulla coactio sine lege como derivación procesal del nullum crimen del art. 18 de la Constitución Nacional.6 La idea central es que toda injerencia debe encontrarse prevista en la ley, con un alcance determinado, y que la aplicación analógica o extensiva de institutos coercitivos vulnera esa garantía tanto como la ausencia de previsión. En sus palabras, se viola la nula coactio cuando “aplicamos conceptos analógicamente o nos extendemos en demasía en la utilización de ciertos institutos, que deben ser de interpretación restrictiva”.7 El autor añade que “la redacción de las normas procesales que establecen medidas de coerción de manera indeterminada permite la posibilidad de aplicar esas medidas para situaciones no toleradas”,8 y de allí extrae una exigencia dirigida al legislador y al intérprete, la de alcanzar la mayor certeza posible en materia de afectación de derechos.

Trasladado al peligro de fuga, ese programa busca distinguir con cuidado dos objetos que la práctica confunde. La fuga alude a una conducta o situación que se afirma ya existente, mientras que el peligro de fuga constituye un pronóstico sobre un comportamiento futuro, y esta diferencia no es semántica solamente. Afirmar que alguien se fugó obliga a probar que realizó actos idóneos de “sustracción” y, afirmar que existe peligro de fuga, obliga a mostrar por qué determinados hechos presentes autorizan a inferir que esa persona, en ese proceso y en ese momento, intentará “sustraerse”. La primera operación pertenece al terreno de la prueba de un hecho y la segunda pertenece al terreno del juicio prospectivo fundado en circunstancias concretas, actuales, objetivas e individualizadas.

Esta reconstrucción encuentra respaldo en la jurisprudencia interamericana, que exige a la autoridad fundar la medida “en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto”,9 y advierte que la sospecha que habilita la injerencia debe expresarse “con base en hechos específicos, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas”.10 La Corte Suprema recorre un camino análogo cuando reclama, para sostener el encierro, la acreditación “mediante indicios concretos” de que subsisten los riesgos procesales, y cuando declara que “la ausencia de elementos de juicio en tal sentido no puede ser suplida mediante alusiones genéricas al riesgo de fuga o entorpecimiento”.11 El pronóstico, para ser legítimo, debe apoyarse en datos verificables y explicar el vínculo lógico que los conecta con la probabilidad de sustracción, pues la intuición, la impresión personal o la fórmula trasladada de otra causa no cumplen esa función.

IV. Fuga, incomparecencia, rebeldía, ocultamiento y ausencia

La confusión conceptual que la hipótesis denuncia se alimenta de la asimilación indebida de situaciones que guardan parentesco sin ser equivalentes por lo que conviene deslindarlas. Una persona puede dejar de comparecer a un acto sin haber huido, puede ser declarada rebelde sin encontrarse materialmente oculta y puede no haber sido localizada como consecuencia de una actividad estatal deficiente. La incomparecencia describe la no concurrencia a una convocatoria, un dato cuyo valor depende del contexto, de la validez de la notificación, del conocimiento efectivo de la citación y de las razones del incumplimiento. La rebeldía es una categoría procesal que se declara ante la incomparecencia injustificada, y su presupuesto puede configurarse sin que exista sustracción alguna, por ejemplo, cuando la notificación nunca llegó a destino. Por otro lado, el ocultamiento supone una conducta positiva de disimulo de la propia localización; y la ausencia circunstancial y el desconocimiento del domicilio remiten, muchas veces, a defectos de la investigación o de los registros, más que a un designio del imputado.

La distinción importa porque cada situación reclama una respuesta distinta y ninguna de ellas equivale, sin más, a fuga. En este caso la pregunta decisiva sería qué conducta concreta debe realizar una persona para que pueda afirmarse que se encuentra fugada, y si basta para ello con no comparecer a una citación. Una respuesta atenta al significado de la palabra y al carácter restrictivo de las normas coercitivas exige verificar tres extremos que rara vez se explicitan en la práctica, y es que se requiere, ante todo, el conocimiento efectivo del proceso o de la convocatoria, porque no puede eludir lo que ignora quien nunca fue anoticiado. Se requiere, además, una voluntad comprobable de sustraerse a la actuación de las autoridades, ya que el elemento subjetivo integra el propio concepto ordinario de huida. Y se requiere, por último, la realización de actos objetivos idóneos para impedir o dificultar seriamente la localización, porque sin exteriorización solo queda una posibilidad abstracta, y no una conducta que pueda reprocharse.

El supuesto más ilustrativo es aquel en que se considera fugada a una persona respecto de la cual el Estado no ha desplegado diligencias serias de búsqueda, dado que puede ocurrir que el imputado siga habitando su domicilio, asistiendo a su lugar de trabajo y participando de actividades públicas, mientras una resolución lo presenta como alguien sustraído a la justicia. En esos casos corresponde interrogarse si la calificación de fuga describe realmente una conducta suya o si encubre una deficiencia de las notificaciones, de la investigación o de los organismos encargados de ejecutar las decisiones y la respuesta que adoptemos condiciona a quién debe imputarse la consecuencia. Convertir la inactividad de las autoridades en un argumento para restringir la libertad invierte la lógica de la garantía y traslada al individuo el costo de la ineficiencia ajena.

V. La finalidad cautelar de la prisión preventiva y la presunción de inocencia

La prisión preventiva se justifica únicamente por su aptitud para neutralizar los peligros procesales y preservar los fines del procedimiento. La Corte Suprema recordó, con una tradición que remonta a mediados del siglo diecinueve, que su único objeto es que no se frustre la justicia, y que la restricción de libertad no persigue otra finalidad que asegurar la eventual aplicación de la pena,12 y de esa naturaleza derivan sus caracteres, el de medida excepcional, provisional, de interpretación y aplicación restrictiva, e indispensable, que jamás puede constituir una pena anticipada.13 La jurisprudencia interamericana coincide al afirmar que la regla debe ser la libertad del procesado y que la privación cautelar solo resulta admisible cuando responde de manera directa al desarrollo eficaz del proceso.14

Este anclaje se conecta con la presunción de inocencia entendida como regla de trato procesal, que impone tratar al imputado como si fuera inocente hasta que recaiga sentencia de condena. Ferrer describió esa faceta con nitidez y advirtió la tensión que ella mantiene con las medidas cautelares, respecto del peligro de fuga fue especialmente severo, al sostener que “el inocente no se fuga, sino que viaja”, de modo que “ya los términos delatan al mal argumento”.15 Recogiendo una observación que atribuye a Voltaire, agregó que, en muchos casos, el temor a ser sometido a la propia prisión preventiva sin poder defenderse, antes que la autoría del delito, es lo que empuja a huir.16 La objeción es incisiva porque exhibe un riesgo de circularidad, y es que si la amenaza del encierro genera el incentivo para eludir el proceso, fundar el encierro en ese incentivo se aproxima a una profecía que se cumple a sí misma. No es necesario adherir a la posición más radical de Ferrer para tomar en serio la advertencia, que obliga a exigir del pronóstico de fuga una base independiente de la sola gravedad de la consecuencia que se anticipa.

VI. La acreditación del peligro de fuga. Carga probatoria, estándar y motivación

El problema de la indeterminación se agudiza, sobre todo, en el plano de la prueba. Si el peligro de fuga es un pronóstico, la cuestión central es quién debe acreditarlo, con qué grado de probabilidad y con qué exigencias de fundamentación, y la respuesta a la primera pregunta es clara en las fuentes analizadas, pues la carga recae, lógicamente, sobre quien solicita la medida. La Corte Interamericana así lo formuló al señalar que los elementos que acreditan las finalidades legítimas “tampoco se presumen”, y que corresponde acreditarlos “al titular de la persecución penal y no al acusado”.17 Exigir al imputado que demuestre que no habrá de fugarse supone imponerle la prueba de un hecho futuro y negativo, y sin dudas altera la presunción de libertad que debe regir el proceso. Algunas decisiones parten, sin embargo, de la ausencia de ciertos elementos de arraigo y reclaman a la defensa que convenza al tribunal de que la persona permanecerá a derecho, en lugar de requerir a la acusación que explique por qué existe un riesgo real. Esta inversión, silenciosa pero frecuente, es una de las manifestaciones más nocivas de la flexibilidad que la hipótesis describe.

La segunda pregunta remite al estándar de prueba. Ferrer mostró que la presunción de inocencia presupone la vigencia de un estándar pero no impone uno determinado, y que su operatividad como garantía depende de que ese estándar sea “intersubjetivamente controlable”.18 La observación es trasladable con las adaptaciones del caso al pronóstico cautelar, y mientras no se precise qué grado de probabilidad de sustracción habilita el encierro, la decisión queda librada a una apreciación cuya corrección nadie puede verificar. Corresponde diferenciar, entonces, la mera sospecha, la posibilidad abstracta, la presunción genérica, el indicio y la acreditación suficiente de un riesgo procesal. Una posibilidad teórica de fuga acompaña a cualquier persona sometida a proceso, de manera que admitirla como base del encierro equivale a suprimir la excepcionalidad, pues lo exigible es una probabilidad seria, concreta y verificable, referida a ese imputado y a esa causa.

La tercera pregunta atañe a la motivación, es decir una resolución que impone prisión preventiva debe identificar los hechos que tiene por acreditados, explicar su relación con el peligro de fuga y justificar por qué las medidas menos gravosas resultarían insuficientes. La Corte Interamericana calificó de arbitraria toda restricción que carezca de motivación suficiente,19 y la Corte Suprema reprochó, ya en “Estévez”, que la sola referencia a la pena del delito imputado y a una condena anterior, “sin que precise cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permitieran presumir, fundadamente, que el mismo intentará burlar la acción de la justicia”, no constituya fundamento válido.20 La motivación honesta obliga a separar dos operaciones que suelen aparecer fundidas; primero debe acreditarse la existencia del hecho que se invoca como indicador y recién después puede justificarse por qué ese hecho autoriza a formular el pronóstico. Saltar del segundo paso al primero, dando por probado el riesgo con la mera enunciación de indicadores, es el modo típico en que las fórmulas genéricas suplantan al razonamiento.

VII. Los indicadores habituales bajo examen crítico

El repertorio de indicadores que la práctica utiliza para inferir peligro de fuga merece un examen desconfiado, porque en él anida buena parte de la flexibilidad denunciada. La expectativa de pena y la gravedad del delito encabezan la lista. Bruzzone objetó con dureza la aplicación mecánica de las escalas de los arts. 316 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación, que resuelven el encarcelamiento por la mera suma de los montos punitivos y “pulverizan” la presunción de inocencia.21 La jurisprudencia acompañó esa crítica. La Corte Interamericana afirmó que el peligro de fuga “no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer”,22 y en “Norín Catrimán” sostuvo que la gravedad de la pena, la gravedad del delito y los antecedentes personales del imputado “no justifican por sí mismos la prisión preventiva”.23 La Comisión Interamericana admitió que el tipo de delito y la severidad de la pena pueden computarse como uno más de los elementos, aunque nunca como el único ni como justificación de una prolongación excesiva.24 La Corte Suprema, en “Rodríguez”, concluyó que la escala penal y la gravedad del hecho no son condición suficiente para descartar que el imputado transite el proceso en libertad, porque no relevan al juez de verificar en concreto si existen elementos que desvirtúen la hipótesis de riesgo.25

La expectativa de pena arrastra, además, un problema de circularidad que conviene explicitar. La imputación, que todavía debe probarse, permite calcular una posible pena, y esa expectativa se emplea luego para justificar el encierro anticipado; el razonamiento presupone lo que aún no ha sido establecido y convierte la prisión preventiva en una consecuencia casi automática de la imputación grave. Que una pena elevada haga materialmente más tentadora la sustracción es plausible, aunque de esa plausibilidad no se sigue que la persona vaya a fugarse dado que la expectativa de pena, a lo sumo, integra un cuadro que debe completarse con circunstancias vinculadas al comportamiento del imputado.

Los antecedentes penales, las condenas anteriores y la existencia de otros procesos reciben un tratamiento igualmente problemático cuando se los invoca como si acreditaran, por sí, una mayor disposición a eludir la justicia. Conviene distinguir la peligrosidad personal, la reiteración delictiva y la posibilidad de reincidencia del riesgo procesal de fuga, que es lo único relevante en esta sede. El dato pertinente reside en cuál fue la conducta de la persona durante ese trámite y no se agota en la existencia de un proceso previo, sino que aquí aparece un argumento que suele desaprovecharse. Quien atravesó un proceso anterior, compareció a las citaciones, permaneció a derecho y se sometió a la ejecución de la pena ofrece un dato empírico que disminuye el pronóstico de fuga, porque conoció el funcionamiento del sistema y, pese a ello, no se sustrajo. Resultaría contradictorio computar en su contra el solo hecho de haber tenido otra causa cuando su comportamiento en ella demuestra lo opuesto a la intención que se le atribuye. La Corte Suprema receptó esta idea en sentido inverso al valorar, en “Trusso”, que las características personales y familiares del imputado permiten inferir que difícilmente esté dispuesto a reiterar la experiencia de la contumacia.26

El arraigo, por último, concentra los mayores riesgos de sesgo, aun teniendo en cuenta que el domicilio, los vínculos familiares, el trabajo, la inserción comunitaria y la estabilidad económica son elementos que la jurisprudencia interamericana enumera como relevantes para evaluar el peligro de fuga.27

El problema surge cuando esos factores se manejan como una lista mecánica y, sobre todo, cuando se los identifica con la propiedad de una vivienda, el empleo registrado, el matrimonio o la conformación de una familia tradicional. Una concepción económica y formalista del arraigo perjudica de manera sistemática a trabajadores informales, personas sin vivienda propia, migrantes e individuos cuyos lazos no responden a modelos convencionales, y es que la carencia de bienes o de trabajo formal no demuestra por sí misma una intención de huir, del mismo modo que la disponibilidad de recursos para viajar no equivale a la decisión de hacerlo. Bruzzone ilustró esta clase de razonamiento con el caso del imputado detenido por “portación de cara”, a quien se mantiene encarcelado porque habita un barrio de emergencia, bajo la fórmula de que quienes conviven en ese medio “son normalmente reacios a colaborar con las fuerzas policiales o con las investigaciones judiciales por temor a represalias”.28 La cita muestra cómo un prejuicio social puede revestirse de apariencia jurídica y ocupar el lugar de una acreditación individualizada del riesgo.

VIII. La incomparecencia y la actividad estatal de localización

La incomparecencia merece un tratamiento propio, porque su utilización como fundamento prácticamente autónomo del encierro condensa varios de los problemas anteriores. Dejar de comparecer puede constituir un dato relevante, aunque su valor depende del contexto, de la existencia de una notificación válida, del conocimiento efectivo de la citación y de las razones del incumplimiento, ya que elevar la falta de comparecencia a fundamento concluyente produce un efecto punitivo impropio. Una conducta procesal que no forma parte del hecho investigado termina provocando una privación de libertad más gravosa que la respuesta penal razonablemente esperable por la imputación principal, lo que hace que la contradicción se torne evidente, aun mas cuando el delito atribuido tiene una pena reducida, permite la excarcelación o admitiría una condena de ejecución condicional. Preguntarse si resulta proporcional que una persona permanezca encarcelada por no haberse presentado, cuando la imputación de fondo la habilitaría a transitar el proceso en libertad, basta para advertir este desajuste. La prohibición de utilizar la prisión preventiva como sanción encubierta y la necesidad de evitar que la coerción cautelar sea más gravosa que la pena esperable convergen en el mismo resultado.29

La incomparecencia, además, no puede valorarse con independencia de la conducta estatal previa dado que el peligro de fuga se aprecia siempre contra el trasfondo de las herramientas de las que el Estado dispone para asegurar la comparecencia. La posibilidad de mejorar los mecanismos de notificación, de establecer controles periódicos, de fijar domicilio o de realizar diligencias efectivas de localización reduce el riesgo sin necesidad de encarcelar. Bruzzone lo expresó al recordar que una medida grave, como el allanamiento de una entidad para hallar a la persona buscada, solo se legitima cuando existe verdadera necesidad, y que no procede si el mismo resultado puede alcanzarse oficiando o notificando por cédula.30 La consecuencia es que una concepción demasiado amplia del peligro de fuga traslada al imputado el costo de la inactividad de los organismos estatales, que ocurre cuando las autoridades no verificaron el domicilio, no consultaron los registros disponibles ni acudieron al lugar de trabajo, presentar al buscado como alguien sustraído a la justicia describe, en rigor, un déficit de la investigación antes que una conducta suya.

IX. Proporcionalidad, subsidiariedad y medidas menos restrictivas

La legitimidad del encierro cautelar depende, finalmente, de su relación con la entidad del riesgo. El principio de proporcionalidad exige que la intensidad de la medida guarde correspondencia con la gravedad de la imputación, con la pena razonablemente esperable y con el tiempo probable de duración del proceso. La Corte Interamericana sostuvo en “Barreto Leiva” que una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una condenada, de modo que no cabe autorizar la privación cautelar en supuestos en los que no sería posible aplicar pena de prisión,31 pues emplear la medida más gravosa frente a riesgos leves, remotos o neutralizables por otros medios contradice esa exigencia.

El principio de subsidiariedad completa el cuadro toda vez que, antes de disponer el encarcelamiento, el tribunal debe considerar alternativas menos lesivas, como la presentación periódica, la prohibición de salir de una jurisdicción, la entrega de documentación, la fijación de domicilio, el monitoreo electrónico o la caución. La existencia de algún indicador de riesgo no conduce necesariamente a la medida más severa, y la decisión debe explicar por qué esas alternativas resultan insuficientes en el caso. La propia aptitud de esos mecanismos para conjurar el peligro debilita el argumento del encierro, porque un riesgo que puede controlarse de otro modo deja de justificar la privación de libertad, como también la revisión periódica opera en el mismo sentido, ya que el riesgo procesal tiende a disminuir con el paso del tiempo, y la explicación que ofrezca el Estado para mantener el encierro debe volverse más convincente a medida que este se prolonga.32

X. Hacia una definición controlable de fuga y de peligro de fuga

Las dificultades relevadas permiten ensayar una delimitación jurídicamente útil, orientada a ofrecer criterios que hagan controlable la decisión, sin pretensión de dar por finalizada la discusión. La fuga puede entenderse como una conducta consciente, voluntaria y exteriorizada, dirigida a sustraerse de manera efectiva y persistente a la actuación de la justicia mediante actos idóneos para impedir o dificultar seriamente la localización o la comparecencia de la persona. Esta caracterización recupera el núcleo semántico de “huir” (alejamiento, exteriorización, finalidad) y lo somete a las exigencias de conocimiento del proceso, voluntad de sustracción y acto objetivo idóneo que la interpretación restrictiva de las normas coercitivas reclama.

El peligro de fuga, por su parte, puede definirse como una probabilidad concreta, seria y suficientemente acreditada de que el imputado realizará esa clase de actos en el futuro, valorada a partir de circunstancias objetivas, actuales e individualizadas, directamente relacionadas con su conducta, y cuya neutralización no resulte razonablemente posible mediante medidas menos restrictivas que la prisión preventiva.

Ferrer disputaría que el peligro de fuga sea, siquiera, un buen fundamento, y su reparo obliga a fijar el estándar en un punto exigente; y Bruzzone recordaría que la propuesta solo tiene sentido si se acompaña de un método de control (previsión legal, competencia, necesidad, idoneidad y proporcionalidad) que permita verificar la corrección de cada decisión.33 La jurisprudencia interamericana y la de la Corte Suprema añadirían que ningún indicador aislado alcanza y que la labor debe ser, en palabras del Alto Tribunal, “prudente y casuística”.34 La definición propuesta intenta absorber esas tres advertencias.

XI. Conclusión

La ausencia de una definición legal precisa de fuga y de peligro de fuga habilita un uso flexible del concepto, que se despega del significado ordinario de la palabra y se apoya en fórmulas genéricas o en indicadores que se dan por concluyentes sin serlo. Esa flexibilidad amplía el margen de decisión judicial, dificulta el control de la motivación y erosiona la exigencia de acreditar un riesgo procesal concreto, con un costo directo sobre la libertad del imputado y sobre la vigencia efectiva de la presunción de inocencia.

De lo expuesto se sigue un conjunto de elementos mínimos, puesto que para afirmar la existencia de peligro de fuga se requiere una probabilidad seria y verificable, referida a esa persona y a esa causa, sostenida por circunstancias objetivas, actuales e individualizadas, y acreditada por quien solicita la medida, sin invertir la carga sobre la defensa. La mera incomparecencia no basta, porque su valor depende de una notificación válida, del conocimiento efectivo de la citación y de las razones del incumplimiento, y porque muchas veces revela un problema de localización o de ejecución antes que una conducta de sustracción. Los antecedentes deben valorarse por el comportamiento procesal que documentan, de modo que quien permaneció a derecho en un proceso anterior aporta un dato favorable, y no un agravante. El tribunal, por su parte, carga con el deber de identificar los hechos acreditados, explicar el vínculo que los une con el pronóstico y justificar por qué las medidas menos restrictivas resultan inadecuadas.

La falta de una delimitación clara no es un imperfección técnica inocua ya que cuando el peligro de fuga funciona como un comodín argumental, la prisión preventiva se desliza hacia la pena anticipada, el control de las decisiones se vuelve ilusorio y la presunción de inocencia queda reducida a una declaración sin consecuencias prácticas. Precisar el concepto, exigir su acreditación y someterlo a proporcionalidad y subsidiariedad ordena la protección de los fines del proceso en lugar de debilitarla, y devuelve a la libertad durante el trámite el carácter de regla que la Constitución le reconoce. La advertencia de la Corte Suprema, según la cual “un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”,35 marca con exactitud lo que está en juego cuando se decide encarcelar a alguien por un riesgo que no se ha probado.



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Notas

  1. Arts. 280 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación y 210 del Código Procesal Penal Federal. En igual sentido, Bruzzone precisa que el encierro cautelar “se justifica, para neutralizar los llamados peligros procesales (de entorpecimiento de la investigación y fuga)”, de modo que a tal fin “se tienen que tener en consideración exclusivamente estas dos circunstancias (art. 280, CPP Nación)” (op. cit., p. 247). ↩
  2. Bruzzone, Gustavo A., “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal”, p. 251. ↩
  3. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., versión electrónica vigente, voz «fuga», acepción 1, disponible en https://dle.rae.es/fuga. ↩
  4. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, voz «fugar», acepción 2 (pronominal), https://dle.rae.es/fugar. ↩
  5. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, voz «huir», acepciones 1 y 2, https://dle.rae.es/huir. La voz «huida» se define, a su vez, como «acción de huir» (https://dle.rae.es/huida). ↩
  6. Bruzzone, “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal”, cit., pp. 248-249. ↩
  7. Bruzzone, “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal”, cit., p. 252. ↩
  8. Bruzzone, op. cit., p. 252 ↩
  9. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Romero Feris vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 391, sentencia del 15 de octubre de 2019, párr. 101. ↩
  10. Corte IDH, “Romero Feris vs. Argentina”, cit., párr. 96. ↩
  11. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Castillo, Carlos Ernesto s/ incidente de recurso extraordinario”, FLP 2450/2007/TO1/106/2/1/1/RH24, sentencia del 23 de octubre de 2025, considerando 10. ↩
  12. CSJN, “Castillo”, cit., considerando 7 (con cita de “Nápoli”, Fallos 321:3630, y de “Pedro Llanos”, Fallos 102:219). ↩
  13. CSJN, “Castillo”, cit., considerandos 7 y 8. ↩
  14. Corte IDH, “Romero Feris vs. Argentina”, cit., párrs. 97 y 101/102. ↩
  15. Ferrer Beltrán, Jordi, “Una concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia”, Universitat de Girona, p. 10. ↩
  16. Ferrer Beltrán, “Una concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia”, cit., p. 10, con cita de Voltaire (1766) y de Ferrajoli (1998). ↩
  17. Corte IDH, “Romero Feris vs. Argentina”, cit., párrs. 101/102. ↩
  18. Ferrer Beltrán, “Una concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia”, cit., pp. 21-22. ↩
  19. Corte IDH, “Romero Feris vs. Argentina”, cit., párr. 110. ↩
  20. CSJN, “Estévez”, Fallos: 320:2105. Allí el Tribunal descalificó que “la sola referencia a la pena establecida por el delito por el que ha sido acusado y la condena anterior que registra, sin que precise cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permitieran presumir, fundadamente, que el mismo intentará burlar la acción de la justicia” constituyera fundamento válido. ↩
  21. Bruzzone, La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal , cit., pp. 243 y 251. ↩
  22. Corte IDH, “Romero Feris vs. Argentina”, cit., párr. 105 (con cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Según ese estándar, el peligro de fuga “debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes… como por ejemplo aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes, vínculos familiares y todo tipo de vínculos con el país en el que está siendo procesado”. ↩
  23. Corte IDH, “Norín Catrimán y otros vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 279, sentencia del 29 de mayo de 2014, párr. 352. ↩
  24. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas», OEA/Ser.L/V/II, Doc. 46/13, 30 de diciembre de 2013, consids. 151 y 155. ↩
  25. CSJN, “Rodríguez”, Fallos: 343:47. El mismo fallo admite, no obstante, que “podrían existir circunstancias objetivas de envergadura… por ejemplo, a si el imputado forma parte de una estructura de comercio o contrabando de estupefacientes”. ↩
  26. CSJN, “Trusso”, Fallos: 326:4604. ↩
  27. Corte IDH, “Romero Feris vs. Argentina”, cit., párr. 105. ↩
  28. Bruzzone, “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal”, cit., p. 252, con cita de “Navarro Vega”, del Juzgado Federal n.º 11, según nota 23. ↩
  29. Corte IDH, “Barreto Leiva vs. Venezuela”, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 206, sentencia del 17 de noviembre de 2009, párr. 122; en igual sentido, CSJN, “Castillo”, cit., considerando 9. ↩
  30. Bruzzone, “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal”, cit., p. 250, nota 18. ↩
  31. Corte IDH, “Barreto Leiva vs. Venezuela”, cit., párr. 122. ↩
  32. Comisión IDH, “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, cit., párr. 202. ↩
  33. Bruzzone, “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal”, cit., pp. 251 y 253 (enunciación de los cinco momentos de análisis de la medida de coerción). ↩
  34. CSJN, “Castillo”, cit., considerando 10, con cita de “Acosta”, Fallos 335:533, considerando 26. En ese precedente se ordena valorar “las circunstancias particulares que puedan condicionar su capacidad para intentar eludir la acción de la justicia (como su edad y sus condiciones físicas y mentales)”. ↩
  35. CSJN, “Castillo”, cit., considerando 13. ↩
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