Del beneficio al derecho: visitas íntimas y gobierno de la cárcel en la Argentina contemporánea
¿Qué es la visita higiénica?
“Visita higiénica” es el nombre con el que se conoció históricamente a la visita íntima en las cárceles argentinas: el encuentro privado de una persona detenida con su pareja dentro del establecimiento penitenciario. Se incorporó al régimen nacional en 1947 con el Decreto 35.788 y se la llamó “higiénica” porque se la concebía como una medida profiláctica y no como un derecho.
Hoy la Ley 24.660 y su Decreto reglamentario 1136/97 la regulan como visita de reunión conyugal, vinculada al derecho a la salud, a la intimidad y a la protección de la familia. Para obtenerla debe acreditarse el vínculo con partida de matrimonio o constancia de convivencia. A continuación se desarrolla su historia, el marco normativo vigente y los problemas que persisten en la práctica.
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Consultá por WhatsAppPor Matías Ezequiel Roh, Diego Aubrit e Ignacio Villegas. Trabajo realizado para la materia Sociología del Castigo, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
I. Introducción
El presente trabajo aborda una dimensión del encierro argentino actual que atraviesa de manera silenciosa a casi todas las demás, la del mantenimiento de los vínculos familiares y afectivos de las personas privadas de libertad, con particular atención al régimen de visitas íntimas y a los dispositivos de control que lo rodean. Pocas zonas de la vida penitenciaria condensan con tanta nitidez la tensión entre la finalidad resocializadora que la Constitución y los tratados asignan a la pena y las lógicas de seguridad que ordenan el gobierno cotidiano de la prisión. La visita es, además, el punto de contacto más frecuente entre el adentro y el afuera, de modo que lo que sucede a su alrededor muestra cómo los efectos del encierro se derraman sobre personas que no soportan condena alguna.
El recorrido propuesto comienza con una breve genealogía de la visita íntima en el sistema penitenciario nacional, continúa con la reconstrucción del marco normativo vigente, ofrece luego una reseña de la literatura disponible en la Argentina sobre el vínculo familiar en el encierro y culmina con una conclusión propia que pone ese estado de la cuestión en diálogo con La sociedad de los cautivos de Gresham Sykes, cuya descripción de la Prisión Estatal de Nueva Jersey a mediados del siglo pasado conserva plena capacidad explicativa para la cárcel argentina de nuestros días.1
II. De la visita higiénica a la reunión conyugal. Una breve genealogía
La incorporación de las visitas íntimas al régimen penitenciario argentino se produjo en 1947 con la sanción del Decreto n.º 35.788, impulsado por Roberto Pettinato, por entonces Director General de Institutos Penales. En su artículo 64, la norma autorizó a los reclusos casados, bajo determinadas condiciones, a mantener encuentros íntimos con sus esposas, y constituyó el primer reconocimiento normativo de alcance nacional del instituto. Hasta entonces solo se registraban experiencias provinciales aisladas y excepcionales, de manera que el decreto importó un verdadero cambio de paradigma. En palabras del propio Pettinato, “el hecho de la privación de la libertad no justifica moralmente la desviación en el hombre del cauce normal de su vida de relación familiar”.2
La historiografía del castigo ha situado aquella reforma dentro de un proceso más amplio de humanización de la vida penitenciaria que el primer peronismo convirtió en bandera política, junto con la supresión del traje a rayas y la expansión del trabajo remunerado. Lila Caimari mostró cómo la promesa de que la justicia social llegara también a las cárceles funcionó como un poderoso elemento de legitimación ante los presos y sus familias.3 En una línea convergente, Gual analizó las representaciones oficiales de la cárcel federal de esos años y advirtió que el propio Estado la exhibía como una institución porosa, permeable al ingreso de la familia, del trabajo y de la comunidad, en abierto contraste con el modelo del confinamiento total.4 Núñez, González Alvo y Palacios Laval, por su parte, reconstruyeron los debates médicos y jurídicos que precedieron a la reforma y demostraron que la llamada cuestión sexual venía discutiéndose desde la década de 1930 en la Argentina, Brasil y Perú, en un intercambio regional de saberes penitenciarios donde la abstinencia forzada aparecía asociada a supuestos peligros morales y sanitarios.5
El propio léxico de la época delata la matriz de origen. La visita fue bautizada higiénica porque se la concebía como una medida profiláctica antes que como un derecho, pensada por y para varones presos casados y ajena por completo a la situación de las mujeres privadas de libertad. Su concesión quedaba además subordinada a la buena conducta del interno, rasgo que anticipa un problema sobre el que se volverá más adelante.
III. El marco normativo vigente
Desde una perspectiva técnico-jurídica, el instituto ha abandonado aquel carácter biologicista para consolidarse como una garantía del derecho a la salud psicofísica, a la intimidad y a la protección integral de la familia, consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). La Corte Suprema sostuvo en el precedente “Dessy” que quien ingresa a una prisión conserva todos los derechos fundamentales que la condena no restringe de manera expresa, doctrina que alcanza de lleno a la vida familiar y a las comunicaciones con el exterior.6
En el plano legal, la Ley 24.660 dedica su Capítulo XI a las relaciones familiares y sociales y reconoce en su artículo 158 el derecho del interno a comunicarse periódicamente con su familia, allegados y abogados. El Decreto 1136/97, reglamentario de ese capítulo, regula en detalle la visita de reunión conyugal, denominación que desplazó definitivamente a la vieja fórmula higiénica. Para su concesión se exige la acreditación del vínculo mediante partida de matrimonio o constancia de convivencia, aunque se admiten también relaciones afectivas surgidas después de la detención cuando se acredita una vinculación previa no menor a seis meses, junto con informes médicos semestrales de prevención de infecciones de transmisión sexual.7 En el ámbito internacional, las Reglas Mandela disponen que allí donde se permitan las visitas conyugales el derecho debe aplicarse sin discriminación, con expresa mención de las mujeres presas, y las Reglas de Bangkok refuerzan el deber estatal de facilitar el contacto de las reclusas con sus familias.8 La Procuración Penitenciaria de la Nación y la jurisprudencia, a su turno, expandieron el acceso bajo un prisma no discriminatorio, con independencia de la orientación sexual o la identidad de género de la persona detenida.
Ahora bien, ese reconocimiento normativo convive con una praxis que lo desmiente con frecuencia. En la administración cotidiana del castigo, la concesión, la demora o la suspensión de las visitas suele funcionar como moneda de cambio disciplinaria, manejada con amplios márgenes de discrecionalidad por el servicio penitenciario. Esa mutación del derecho en beneficio revocable colisiona con el carácter irrenunciable de la vinculación sociofamiliar y anticipa uno de los defectos estructurales del poder carcelario que Sykes describió hace casi setenta años.
IV. Estado del arte. La literatura argentina sobre el vínculo familiar en el encierro
La producción académica local puede ordenarse en tres grandes vertientes. La primera es historiográfica y fue reseñada en el apartado anterior, con trabajos que permiten comprender el origen tutelar y masculino del instituto y muchas de las resistencias burocráticas que todavía lo rodean.
La segunda vertiente proviene de la investigación socio-jurídica con perspectiva de género. El estudio pionero Voces del encierro, dirigido por Alcira Daroqui, recogió testimonios de mujeres y jóvenes encarcelados en unidades federales y documentó el progresivo desgranamiento de los lazos familiares que produce la prisión.9 Años más tarde, la investigación conjunta del CELS, el Ministerio Público de la Defensa y la Procuración Penitenciaria cuantificó ese desamparo con datos elocuentes. Aunque el 86 por ciento de las mujeres detenidas en el sistema federal son madres, solo el 22 por ciento recibía la visita de sus hijos menores al menos una vez al mes y el 67 por ciento no los veía nunca, mientras que apenas el 15 por ciento era visitada con regularidad por su pareja.10 El estudio identificó entre las causas de ese aislamiento la lejanía de las unidades, el costo de los traslados y el efecto disuasivo de las requisas practicadas sobre los visitantes. Como contracara, son las familias, y dentro de ellas casi siempre otras mujeres, madres, hermanas e hijas, quienes sostienen materialmente la supervivencia intramuros mediante el acarreo semanal de alimentos, ropa y medicamentos, supliendo un déficit de provisión estatal largamente documentado.
La tercera vertiente se ocupa del gobierno interno de la cárcel y de sus modalidades de aislamiento. La traducción castellana de La sociedad de los cautivos, publicada por Siglo XXI en 2017, reactivó en el campo local la discusión sobre la vigencia de las categorías de Sykes para las prisiones sudamericanas.11 En esa estela se inscribe el trabajo de Bernarda García sobre las sectorizaciones en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, un régimen de encierro colectivo que la administración despliega como recurso de producción de orden.12 La autora pone de manifiesto, entre otras cosas, las condiciones en que se desarrollan los procedimientos de requisa sobre las visitas y el modo en que esos tratos repercuten sobre la población detenida. Uno de sus entrevistados lo expresa con crudeza, “¿Sabés las veces que pedimos bien, sin bardear, que nos traten bien a la visita, que no las pongan en bolas, que no las hagan pasar por cosas (…). Y nada, siguió la bardeada, siguieron haciéndolas esperar dos, tres horas afuera. Después entraban a cualquier hora y esperan que nosotros no les hiciéramos explotar el pabellón…”.13
El testimonio condensa una cadena causal que García reconstruye con detalle. Los malos tratos dispensados a familiares y allegados, las demoras de horas a la intemperie y las inspecciones humillantes generan un profundo malestar entre los internos, alimentan discusiones y episodios de violencia colectiva y desembocan en sectorizaciones o aislamientos que, a su vez, restringen todavía más el contacto con el exterior. El círculo se cierra sobre sí mismo y el lazo familiar resulta doblemente castigado. Los informes anuales de la Procuración Penitenciaria completan el cuadro con el registro sistemático de requisas intrusivas y cancelaciones intempestivas, a lo que se sumó en 2020 la suspensión generalizada de los encuentros presenciales, apenas compensada por videollamadas que demostraron a la vez su utilidad y su insuficiencia.14
El balance muestra que la visita ha sido más estudiada en sus alrededores que en sí misma. Abundan los diagnósticos sobre requisas, distancias y suspensiones, y escasean las etnografías del encuentro propiamente dicho, donde la investigación argentina conserva una deuda.
V. Las requisas a los visitantes y los defectos del poder total
En los establecimientos de máxima seguridad, el mayor conflicto radica desde hace décadas en el control aplicado a quienes concurren a visitar. Con el argumento de impedir el ingreso de estupefacientes, teléfonos o armas, la administración sometió históricamente a los familiares a requisas intrusivas que incluían desnudamientos totales e inspecciones vaginales sistemáticas. El caso “X e Y v. Argentina”, resuelto por la Comisión Interamericana en 1996, marcó un hito en la materia. Una mujer y su hija de trece años eran obligadas a soportar revisiones vaginales como condición para acceder a la visita de contacto de su esposo y padre, detenido en un penal federal. La Comisión concluyó que tales inspecciones, aplicadas de manera generalizada, configuran un trato degradante y una injerencia arbitraria en la vida privada y familiar, y fijó condiciones estrictas para su procedencia excepcional, entre ellas la necesidad absoluta en el caso concreto, la ausencia de alternativas menos lesivas, la orden judicial previa y la intervención de personal médico.15 A partir de esas directrices, la normativa interna exige que el registro se efectúe prioritariamente mediante medios tecnológicos no invasivos, tales como paletas detectoras y escáneres, y proscribe toda práctica que vulnere la indemnidad y la dignidad de los concurrentes.
Este fenómeno encuentra una traducción teórica precisa en el capítulo que Sykes dedica a los defectos del poder total. El autor demuestra que la dominación carcelaria, pese a su apariencia monolítica, es estructuralmente incompleta. Los custodios carecen de un sentido del deber compartido por los cautivos, no pueden gobernar la vida cotidiana solo mediante la fuerza y disponen de un sistema de premios y castigos empobrecido, porque casi todo lo valioso le fue quitado al preso al ingresar y lo poco que se le concede se transforma pronto en un derecho esperado, cuya privación se vive como pura arbitrariedad. La gestión discrecional de la visita reproduce ese defecto de manual. Convertida en privilegio revocable, deja de motivar la obediencia y pasa a alimentar el agravio. Cuando el celo securitario desborda los muros y recae sobre ciudadanos libres, como ocurre con las requisas vejatorias, el poder estatal exhibe su costado más ilegítimo. Lejos de producir orden, esa violencia incuba los motines que luego se invocan para justificar nuevas restricciones, en la espiral que el testimonio recogido por García ilustra a la perfección.
VI. Conclusión. Leer la visita con Sykes
La matriz analítica de La sociedad de los cautivos permite dar unidad a los materiales reseñados. Entre los dolores del encarcelamiento que Sykes describe, la privación de la libertad importa ante todo el corte del lazo con la familia y los afectos, vivido por el preso como un rechazo deliberado de la comunidad, y la privación de relaciones sexuales socava la imagen que el interno tiene de sí. La visita íntima ataca de frente ambos dolores y constituye por eso, antes que una concesión graciosa, el principal antídoto contra la desestructuración que produce el aislamiento prolongado. La Argentina la incorporó tempranamente, aunque bajo una lógica tutelar cuyos resabios persisten.
El estado del arte revisado enseña que el reconocimiento normativo está hoy consolidado y que las amenazas al instituto anidan en las mediaciones administrativas que lo erosionan, la requisa humillante, la demora arbitraria, la suspensión usada como sanción encubierta, la distancia geográfica y la desigualdad de género que deja a las mujeres presas casi sin visitas. Si algo agrega la lectura de Sykes es la advertencia de que tales prácticas, además de ilegítimas, resultan ineficaces en sus propios términos, porque un orden carcelario edificado sobre la humillación del entorno familiar del preso destruye el único capital con el que la administración puede negociar la paz interior.
Para que la finalidad constitucional de la reinserción social no degenere en ficción legal, el Estado debe asegurar que la potestad de custodia no anule la autonomía del interno ni avasalle la dignidad de su grupo familiar. La vieja visita higiénica fue superada por la reunión conyugal entendida como derecho humano inalienable, y resta que la práctica penitenciaria acompañe esa evolución. El orden democrático de una prisión se edifica sobre el respeto estricto de las garantías de todos los ciudadanos capturados y de quienes, desde el afuera, se obstinan en no soltarles la mano.
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Notas
- Sykes, Gresham, “La sociedad de los cautivos. Estudio de una cárcel de máxima seguridad”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2017 [1958]. ↩
- Núñez, Jorge Alberto, González Alvo, Leandro y Palacios Laval, Cristian, “La cuestión sexual en las cárceles y la circulación de saberes. Argentina, Brasil, Perú, 1934-1947”, Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, año 32, n.º 56, Universidad Nacional del Litoral, julio-diciembre de 2023, p. 17. ↩
- Caimari, Lila, “Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. ↩
- Gual, Ramiro, “La prisión porosa. Representaciones oficiales sobre la cárcel federal en el primer peronismo”, en Núñez, Jorge y Vacani, Pablo (dirs.), “El castigo en la conformación de los saberes penales y penitenciarios”, Buenos Aires, Editores del Sur, 2020, pp. 273 a 304. ↩
- Núñez, Jorge Alberto, González Alvo, Leandro y Palacios Laval, Cristian, ob. cit., passim. ↩
- CSJN, “Dessy, Gustavo Gastón s/ hábeas corpus”, sentencia del 19 de octubre de 1995, Fallos 318:1894. ↩
- Decreto 1136/97, reglamentario del Capítulo XI de la Ley 24.660, en especial arts. 56 y siguientes. ↩
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), regla 58.2, y Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok), reglas 26 a 28. ↩
- Daroqui, Alcira y otros, “Voces del encierro. Mujeres y jóvenes encarcelados en la Argentina”, Buenos Aires, Omar Favale, 2006. ↩
- CELS, Ministerio Público de la Defensa y Procuración Penitenciaria de la Nación, “Mujeres en prisión. Los alcances del castigo”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. ↩
- Gual, Ramiro, “Comentario a Gresham Sykes, La sociedad de los cautivos. Estudio de una cárcel de máxima seguridad”, Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, vol. 2, n.º 44, Universidad Nacional del Litoral, 2017. ↩
- García, Bernarda, “El aislamiento en su complejidad. Las sectorizaciones como un recurso singular en la producción del orden carcelario”, Prisiones. Revista Digital del Centro de Estudios de Ejecución Penal, año 1, vol. 1, n.º 1, Universidad de Buenos Aires, enero-junio de 2022, pp. 76 a 94. ↩
- García, Bernarda, ob. cit., p. 83. ↩
- Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe Anual. “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina”, Buenos Aires, ediciones 2019 y 2020. ↩
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe n.º 38/96, caso 10.506, “X e Y v. Argentina”, 15 de octubre de 1996. ↩

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